La presidenta de una falsa protectora, primera persona en España en ingresar en prisión por maltrato animal

Carmen Marín, que hasta 2010 exterminó a cientos de perros y gatos de forma agónica con una finalidad lucrativa en Torremolinos, está condenada a tres años y nueve meses.

 

foto torremolinos

 

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha requerido la entrada en prisión en un plazo máximo de cinco días de Carmen Marín, presidenta de la falsa protectora de animales de Torremolinos que exterminó de forma masiva e injustificada a cientos de perros y gatos hasta 2010. La medida tiene lugar tres semanas después de que la Audiencia Provincial ratificase la sentencia que condenaba a Marín, presidenta de la asociación Parque Animal, a tres años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y maltrato animal continuado. El juez considera probado que Marín impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos. En caso de que no entre en la cárcel de forma voluntaria en cinco días, el juez ha advertido de que se acordará su búsqueda y captura.

La presidenta de la protectora, que predicaba una falsa política de sacrificio cero, inyectaba producto eutanásico en los animales “sin control veterinario alguno ni sedación previa, por vías inadecuadas” (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba “una dolorosa y prolongada” agonía a los animales. Estos hechos, según el juez que ordena su entrada inmediata a prisión, tenían una finalidad “lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello”.

La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al considerar que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron “manipulados” para incluir la participación de veterinarios “que nunca habían intervenido” en los sacrificios. Según la sentencia, estas “auténticas sesiones de exterminio”, como las definió el Ministerio Fiscal, “no atendían a ningún criterio por la edad o el estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados”, sino que se realizaban para poder seguir acogiendo animales y cobrando tanto por las recepciones como por las incineraciones.

Se trata de una sentencia histórica en España, ya que será la primera vez que una persona entre en la cárcel por un delito relacionado con el maltrato animal, aunque la mayor parte de la pena corresponda al delito de falsedad documental frente al año de cárcel por del delito de maltrato animal. En su sentencia, el juez expuso que “sería deseable” la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena “en uno o dos grados” cuando el maltrato animal revistiera extrema gravedad, como en este caso. Esta reforma “permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado”.

Causa económica

De forma paralela, existe otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La jueza que lleva el caso considera acreditado, según los indicios recabados, que Marín y sus dos hijas utilizaron fondos de la protectora para pagar gastos personales, como 104.382 euros en unos grandes almacenes, además de la reforma de la clínica estética de una de las hijas, viajes y estancias en hoteles de lujo de varios países, clases de autoescuela, cargos por cheques, compra de vehículos y comidas y cenas en restaurantes.

Marín está acusada de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Una de sus hijas será juzgada por supuesto blanqueo de capitales y la otra concurrirá en calidad de presunta responsable civil por los importes recibidos “en su condición de partícipe a título lucrativo”. La cantidad acreditada hasta ahora asciende a casi 380.000 euros. Parte de este importe, supuestamente utilizado para pagar gastos de Marín y su familia, procedía de las arcas públicas del Ayuntamiento de Torremolinos.