La magistrada Ivana Muiños condena a Marcos Santana como autor de un delito de maltrato animal agravado, con resultado de muerte, tal y como solicitaba la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. Unos de los canes falleció seis meses después de la intervención del Seprona, debido a una infección contraída por el mal estado de las perreras y el abandono en el que estaban los perros. De ahí que el fiscal delegado en la provincia, Javier Ródenas, solicitase la pena máxima: 18 meses de prisión.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en la Audiencia de Las Palmas, también impone la prohibición de tener animales durante cuatro años y de realizar cualquier actividad comercial u oficio relacionado con ellos.

La condena se fundamenta en la declaración de los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y, sobre todo, en el informe de la veterinaria que actuó como perito en el juicio. La experta confirmó el sufrimiento de los canes, algunos con 12 kilos, la mitad del peso ideal por la falta de comida, y, además, constató un empeoramiento de la salud de los podencos entre 2015 y 2017, año este último en la que intervino la Guardia Civil, tras advertirle dos años antes que debía mejorar las condiciones de las perreras.

El estado de los animales era deplorable porque vivían entre orines, atados a correas demasiado cortas para comer y agua de color verde llena de algas, entre otras situaciones comprometedoras para la salud de los canes.

Marcos Santana admitió en el juicio que sus perros de caza no estaban atendidos como se merecían. Lo achacó a problemas económicos que, a su vez, relacionó con su estancia en prisión. En 2012 fue condenado a cinco años de cárcel porque mató a su padre con un sacho. El jurado popular apreció dos atenuantes, entre ellas la del arrebato. Su padre, en esos momentos, acababa de agredir a su madre y la mujer era víctima de malos tratos. Algunos vecinos de Santa Brígida llegaron recoger firmas en su defensa.

Su abogado reclamó la nulidad de las actuaciones porque el Seprona entró en su finca sin autorización judicial, pero la juez ha rechazado ese argumento. También planteó que Santana nunca golpeó a los podencos ni les causó lesiones intencionados, pero la sentencia considera que las omisiones del acusado son constitutivas de maltrato: unos de los perros falleció a los seis meses y un cachorro murió atacado por su madre.