El Colegio de Veterinarios de Valladolid recuerda que la lucha contra el intrusismo representa una de sus prioridades, “porque ejercer la profesión sin la titulación exigida pone en riesgo tanto la salud y el bienestar de los animales como la propia salud pública”

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha condenado a I.F.A.O. a las penas de 27 meses de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de siete euros como responsable de sendos delitos de intrusismo profesional y falsedad continuada en documento oficial, perpetrados en una clínica veterinaria de la que era propietario en la localidad de Santovenia de Pisuerga, próxima a la capital.

El Colegio de Veterinarios de Valladolid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento, valora de manera positiva el fallo y recuerda que la lucha contra el intrusismo representa una de sus prioridades, “porque ejercer la profesión sin la titulación exigida pone en riesgo tanto la salud y el bienestar de los animales como la propia salud pública”.

Según recoge la sentencia, el acusado –que carece de licenciatura o grado de Veterinaria– dio de baja a una empleada titulada y desde entonces realizó diagnósticos, puso vacunas y selló cartillas oficiales con un sello que encargó, en el que utilizaba el número de colegiado de la citada veterinaria.

Además, el condenado también registraba en el Siacyl (Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Junta de Castilla y León) las vacunaciones que efectuaba con las claves de su antigua empleada. De hecho, constan en la base informática del Sistema 36 altas, bajas y cambios de titularidad, y 126 vacunaciones, anotados con las claves de aquella, con posterioridad a la fecha de su salida de la clínica.

También prescribió y firmó recetas, emitió informes clínicos y realizó una cesárea a una perra para salvar la vida de ocho cachorros, que finalmente murieron por complicaciones al anestesiar a la madre. De hecho, el fallo reconoce la responsabilidad civil del acusado en este suceso y fija una indemnización de 5.000 euros al propietario. Respecto a la veterinaria contratada como auxiliar tras la marcha de la anterior, ha resultado absuelta del delito de falsedad que se le imputaba.

 

FUENTE: DV Diario Veterinario